África es el contienente olvidado.
El despliegue de los medios internacionales es muy fragmentado, sesgado y escaso. Pero se sabe que en esta parte del mundo la violación sistemática de os derechos humanos es una realidad muy vigente.
El respeto a la vida y a los derechos de las personas se ve muy limitado en unas condiciones extremas, causa directa de la evolución de un primer mundo que necesitaba un verdugo para evolucionar.
Ahora todo lo que nos llega de África es escaso. Son las Organizaciones desplegadas allí las que realizan la labor comprometida de informar detalladamente, no sólo de narrar lo que ocurre desde la distancia, sino de adentrarse en los conflictos. De profundizar. Una de estas Organizaciones es Amnistía Internacional. Son muchos los informen que realiza para exponer la situación de los derechos humanos en el mundo.
Lo que ahora expongo es un informe redactado recientemente en el que se detalla cómo los desalojos forzosos en África son una realidad triste que se vive diariamente:
La práctica del desalojo forzoso ha alcanzado proporciones epidémicas en África, donde se informa que más de tres millones de africanos han sido desalojados de sus hogares desde el año 2000. Amnistía Internacional considera que los desalojos forzosos constituyen una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y menos reconocidas en África.
Pese a que la práctica es una violación manifiesta de los derechos humanos según el derecho internacional, los gobiernos de África continúan desalojando de sus hogares a cientos de miles de personas cada año. Como consecuencia de los desalojos forzosos, estas personas quedan sin hogar, pierden sus pertenencias sin recibir indemnización alguna y son alejadas contra su voluntad de las fuentes de agua potable, alimentos, saneamiento, sustento o educación, vulnerando así la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos desalojos forzosos suelen ir acompañados de violaciones de otros derechos humanos consagrados en la Carta, como uso de fuerza excesiva por los que llevan a cabo los desalojos, detención arbitraria, palizas, violación sexual, tortura e incluso homicidio.
Se estima que en Nigeria dos millones de personas han sido desalojadas de sus hogares desde el año 2000. En varios casos se han arrasado asentamientos enteros, dejando en la indigencia a hombres, mujeres, niños y niñas.
En Sudán, aproximadamente 1.800.000 personas desplazadas internamente, forzadas por el prolongado conflicto y la marginación a abandonar sus hogares, residen hoy en la capital, Jartum, y sus alrededores.
Pese a que la práctica es una violación manifiesta de los derechos humanos según el derecho internacional, los gobiernos de África continúan desalojando de sus hogares a cientos de miles de personas cada año. Como consecuencia de los desalojos forzosos, estas personas quedan sin hogar, pierden sus pertenencias sin recibir indemnización alguna y son alejadas contra su voluntad de las fuentes de agua potable, alimentos, saneamiento, sustento o educación, vulnerando así la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos desalojos forzosos suelen ir acompañados de violaciones de otros derechos humanos consagrados en la Carta, como uso de fuerza excesiva por los que llevan a cabo los desalojos, detención arbitraria, palizas, violación sexual, tortura e incluso homicidio.
Se estima que en Nigeria dos millones de personas han sido desalojadas de sus hogares desde el año 2000. En varios casos se han arrasado asentamientos enteros, dejando en la indigencia a hombres, mujeres, niños y niñas.
En Sudán, aproximadamente 1.800.000 personas desplazadas internamente, forzadas por el prolongado conflicto y la marginación a abandonar sus hogares, residen hoy en la capital, Jartum, y sus alrededores.
En el 2005, mediante una operación que fue objeto de una condena generalizada, el gobierno de Zimbabue desalojó de su hogar, de su lugar de trabajo o de ambos sitios a la vez, a unas 700.000 personas. Y hasta la fecha no ha tomado ninguna medida eficaz para resolver la situación en que han quedado estas personas.
En Luanda, Angola, por lo menos 10.000 familias han sido desalojadas desde el 2001, y sus hogares han sido destruidos. Muchas de estas familias, que no han recibido ninguna indemnización y cuyas posesiones fueron robadas por las mismas personas que llevaron a cabo los desalojos, continúan sin vivienda.
En Kenia, aproximadamente 70.000 personas que vivían en zonas forestales han sido desalojadas de sus hogares desde el año 2005, y por lo menos 20.000 más han sido desalojadas de barrios de Nairobi o de zonas próximas a la capital desde el 2000.
En marzo y abril de este año, más de 7.000 personas quedaron sin vivienda en Ghana cuando fueron desalojadas por la División de Caza, Fauna y Flora del Parque Nacional de Digya. Los desalojos se interrumpieron en abril cuando un barco que transportaba a más de 150 de estas personas volcó causando la muerte de por lo menos 10 de ellas.
En Luanda, Angola, por lo menos 10.000 familias han sido desalojadas desde el 2001, y sus hogares han sido destruidos. Muchas de estas familias, que no han recibido ninguna indemnización y cuyas posesiones fueron robadas por las mismas personas que llevaron a cabo los desalojos, continúan sin vivienda.
En Kenia, aproximadamente 70.000 personas que vivían en zonas forestales han sido desalojadas de sus hogares desde el año 2005, y por lo menos 20.000 más han sido desalojadas de barrios de Nairobi o de zonas próximas a la capital desde el 2000.
En marzo y abril de este año, más de 7.000 personas quedaron sin vivienda en Ghana cuando fueron desalojadas por la División de Caza, Fauna y Flora del Parque Nacional de Digya. Los desalojos se interrumpieron en abril cuando un barco que transportaba a más de 150 de estas personas volcó causando la muerte de por lo menos 10 de ellas.
En Guinea Ecuatorial, más de 650 familias han sido desalojadas de sus hogares desde el 2004, año en que el gobierno emprendió un programa de regeneración urbana en Malabo y Bata.
Pese a que la jurisprudencia de la Comisión Africana refleja la prohibición de los desalojos forzosos, la Comisión no ha emitido un comunicado oficial ni hecho una declaración que aborde esta cuestión específicamente. Dada la gravedad y la magnitud del fenómeno de los desalojos forzosos en África, Amnistía Internacional alienta a la Comisión a que adopte una resolución que condene esta práctica y la defina como una violación grave de la Carta Africana. Amnistía Internacional también desea sugerir que la Comisión Africana desarrolle principios para prevenir los desalojos forzosos y brindar protección contra esta práctica en África, basados en la Carta Africana, en la jurisprudencia sentada por la Comisión y en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos elaborados por los organismos y expertos de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional recomienda especialmente que los Estados Partes en la Carta Africana se aseguren de que todos los desalojos cumplen los siguientes principios:
se realiza una consulta genuina con las personas afectadas;se da un aviso adecuado y razonable (no inferior a 90 días) de la fecha prevista para el desalojo a todas las personas afectadas; se comunica información sobre los desalojos que se proponen y, en su caso, sobre los fines para los que se utilizarán las viviendas, en un plazo de tiempo adecuado a todas las personas afectadas; se dispone la presencia de funcionarios del gobierno o de sus representantes durante los desalojos, especialmente cuando éstos se aplican a grupos de personas; se identifica debidamente a todas las personas que llevan a cabo el desalojo; no se realiza el desalojo en tiempo particularmente inclemente o de noche, a menos que las personas afectadas den su consentimiento; no se deja nunca sin techo a una persona a causa de un desalojo: las personas desalojadas deben recibir una indemnización justa y una alternativa de vivienda; se asegura un acceso seguro y sin riesgos a alimentos, agua potable y saneamiento, así como a servicios médicos, para las personas desalojadas; se ofrece recurso legal a las personas afectadas para que puedan impugnar los desalojos, incluida asistencia letrada gratuita a aquéllas que la necesiten para poder buscar reparación en los tribunales.
Amnistía Internacional recomienda especialmente que los Estados Partes en la Carta Africana se aseguren de que todos los desalojos cumplen los siguientes principios:
se realiza una consulta genuina con las personas afectadas;se da un aviso adecuado y razonable (no inferior a 90 días) de la fecha prevista para el desalojo a todas las personas afectadas; se comunica información sobre los desalojos que se proponen y, en su caso, sobre los fines para los que se utilizarán las viviendas, en un plazo de tiempo adecuado a todas las personas afectadas; se dispone la presencia de funcionarios del gobierno o de sus representantes durante los desalojos, especialmente cuando éstos se aplican a grupos de personas; se identifica debidamente a todas las personas que llevan a cabo el desalojo; no se realiza el desalojo en tiempo particularmente inclemente o de noche, a menos que las personas afectadas den su consentimiento; no se deja nunca sin techo a una persona a causa de un desalojo: las personas desalojadas deben recibir una indemnización justa y una alternativa de vivienda; se asegura un acceso seguro y sin riesgos a alimentos, agua potable y saneamiento, así como a servicios médicos, para las personas desalojadas; se ofrece recurso legal a las personas afectadas para que puedan impugnar los desalojos, incluida asistencia letrada gratuita a aquéllas que la necesiten para poder buscar reparación en los tribunales.
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