Cuando un territorio sufre un atentado terrorista viendo peligrar su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos, las medidas que se toman a respecto pueden ser quizá demasiado extremas. El miedo, el temor a que no se vuelva a repetir puede provocar que los legisladores tomen medidas sin medir su influencia. Así ha ocurrido en la India tras los atentados de noviembre en Bombai en los que murieron más de 170 personas.
La nueva legislación antiterrorista que se implanta en el país viola las normas internacionales de derechos humanos según lo afirma Amnistía Internacional en una declaración pública expuesta recientemente en su página web.
Según esta Organización, el presidente de India, Abdul Kalam, debe rechazar las nuevas reformas que quieren introducirse en la legislación antiterrorista porque violan los tratados internacionales de derechos humanos.
Las disposiciones de la Nueva legislación proponen el establecimiento de una Agencia Nacional de Investigación ( NIA) de los actos terroristas y la revisión de la Ley (de Prevención) de actividades ilegales. Se pretende fortalecer y centralizar la lucha contra el terrorismo pero en unos términos que rozan la ilegalidad si atendemos al derecho internacional. Según el Gobierno indio lo que busca es un “equilibrio justo” entre los derechos humanos y las exigencias del pueblo de endurecer las leyes tras el atentado de fines de noviembre en Bombay. La controvertida creación de la NIA es una vieja idea que el Gobierno se decidió a implementar finalmente, aunque los Ejecutivos regionales y otras agencias como la Oficina de Inteligencia (IB) o el Ala de Investigación y Análisis (RAW) habían ofrecido resistencia.
Lo que se teme con esta reforma es que se pueda ver en peligro el Estado de Derecho sin mejorar realmente y de forma eficiencia la seguridad. La experiencia de India con leyes antiterroristas anteriores, según afirma Amnistía, demuestra que pueden dar lugar a prácticas indebidas. Estas son algunas de las medidas que se pueden entrever:
- Definiciones muy amplias y generales de "actos de terrorismo" , ninguna definición clara y estricta de qué constituye "pertenencia" a una "banda u organización terrorista".
- Ampliación de 15 a 30 días de la duración mínima de la detención de personas sospechosas de participar en actos terroristas y ampliación a 180 días de la duración máxima de la detención de esas personas, que es ahora de 90 días, mucho mayor ya de lo normal internacionalmente
- Negación de la libertad bajo fianza a los ciudadanos extranjeros que puedan haber entrado en el país de manera ilegal o no autorizada, excepto en circunstancias muy excepcionales
- Obligación de las personas acusadas de probar su inocencia en ciertas circunstancias
En el comunicado de Amnistía Internacional, el director adjunto del programa para Asia y Oceanía, Madhu Malhotra expone lo siguiente:
"Aunque condenamos enérgicamente los atentados y reconocemos que las autoridades indias tienen el derecho y el deber de tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de la población, consideramos que no debe permitirse jamás que la preocupación por la seguridad ponga en peligro los derechos humanos “
Así, si observamos detenidamente lo que se pretende con esta reforma, no es simplemente salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, sino que se establecen premisas muy generales que ponene en peligro el sentido mismo de la justicia.
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